Neoliberalismo, sentido común y reforma educacional.

Desde hace varias semanas, la derecha ha mostrado preocupación por la reforma educacional. Ha enarbolado todo tipo de argumentos en contra, utilizando datos recogidos por encuestas tradicionales como la CEP y otras. La gran conclusión que proclaman es: “la gente se opone a las reformas en general, y rechaza la reforma educacional porque impide a los padres elegir y pagar por la educación”. A esto, la derecha le llama “oposición social a las reformas”. Perciben que esta “oposición social” es autónoma a sus posiciones políticas. También, que no capitalizan políticamente este descontento en su sector, recibiendo mayor apoyo ciudadano a sus partidos.

¿Por qué ciudadanos que no apoyan ni creen en la derecha, asumen posiciones contrarias a la reforma educacional, y con esto crean espacios de legitimidad para la oposición de la derecha?  Las razones pueden ser varias. Partiremos con las más simples de explicar. Primero, la legitimidad que adquirió entre las personas la creencia de que, si se paga por un servicio, solo por este hecho va ser de calidad. Segundo, la diferenciación social basada en el consumo. El co-pagar por la educación del hijo o hija hace que este pueda acceder a un colegio particular subvencionado, donde están todos los “iguales”. Se auto perciben  distintos a los que van a la escuela municipal, aunque vivan en el mismo territorio y compartan el mismo entorno social. Tercero, la escuela pública ha sido demonizada, instalando la idea de que ahí asisten los hijos e hijas de los narcos y de los pobres, lo más desdeñable de la sociedad. Existe la creencia de que con un copago de diez mil pesos se va obtener grandes diferencias sociales y educacionales.

Estas razones me recuerdan lo afirmado por T. Moulian en 1998. En su obra “El consumo me Consume”, el sociólogo identifica la “función del consumo, como creador de identidad. La que puede surgir del consumo, de la posesión de objetos, es una identidad que reposa en el tener. Se trata de una constitución de la identidad por la apariencia. Aquí los objetos aparecen como constituyentes del yo. El predominio del tener sobre el ser se materializa cuando una persona se siente forzada a tener ciertos bienes en función de los otros, del que dirán”. Como bien analiza Moulian, el colegio no sería un centro educativo por excelencia, sino una marca que registra el status de las familias y de los hijos que asisten a ella, es decir, la identidad social que el mercado de la educación les asigna a partir de su capacidad de compra. Se trata de la subjetividad del consumo en educación.

 

Incorporar al debate la subjetividad del consumo en educación, permite abrir pistas para entender el rechazo, de sectores medios y bajos, a la reforma educacional. Durante el año 2011, las grandes marchas estudiantiles hicieron temblar el modelo educacional chileno, y se sentaron las bases para la reforma educacional. Muchas columnas e inclusive libros que desafiaban la caída del modelo, otros buscaban nuevas alternativas. Todos fuimos y somos estructuradores de apoyo masivo a la protesta social estudiantil. Uno de los primeros resultados alcanzados, fue bajar la tasa de interés de los créditos con aval del Estado. La clase media feliz, por fin podía liberar recursos para destinarlos a otros fines de consumo.

La protesta colocó en el centro que la educación universitaria debe ser gratuita para todos. Hasta el día de hoy esta demanda sigue y seguirá siendo apoyada por la mayoría de los ciudadanos. La razón es clara: una familia de ingresos menores a quinientos mil pesos, donde se concentra a mayor cantidad de asalariados en Chile, no puede pagar la universidad. Ahora lo hacen endeudándose. Recordemos que cualquier arancel universitario es por lo menos de 150 mil pesos para arriba. Liberarse de estos costos económicos por educación superior es, para las familias, realmente positivo para su bienestar.  Por eso, la gran mayoría apoya la gratuidad en la universidad.

Todo indica que el apoyo a la demanda de educación universitaria gratuita, no se transfiere automáticamente a la educación básica y media. La subjetividad del consumo y el status social asociado juegan en contra de tan justa demanda. Las personas quieren pagar para diferenciarse e inclusive para excluir. Se constata con esto que el sentido común (hegemonía cultural) de una sociedad fundada en los principios neoliberales, está lejos de ser reemplazada por los principios de solidaridad y justicia social. He aquí un debate clave para los sectores que apoyamos las reformas. Es necesario poner en cuestión los sentidos comunes, instalados durante los últimos 40 años de neoliberalismo. No basta solo con la movilización social. También es necesario abrir paso al cambio de las subjetividades, al debate de ideas con las bases sociales, a ganar conciencias por el cambio de modelo y de los principios ordenadores de la sociedad. El camino avanzado no es en vano, ha sido principal e imprescindible. Sin embargo, la derecha se potencia con su estigma conservador, apoyándose en el sentido común instalado. En particular, en la generación de padres y apoderados que están entre los 30 y 40 años, que lo único que han vivido son practicas socio – culturales de carácter neoliberal.

Lo anterior lleva a reflexionar en términos reales, en una estrategia de mayor envergadura y de más largo aliento. El sistema educacional en términos republicanos, es cómo se piensa Chile a futuro. Sin embargo, la reforma educacional es cómo se cambia el actual sistema educacional, es decir, cómo se piensa el Chile de hoy. Por tanto, estamos en un problema dialéctico. La tesis: educación de mercado caracterizada por ser segmentadora e impulsora de segregación. La antítesis es la educación como derecho social, integradora y democratizadora del conocimiento con un fuerte componente de movilidad social. En este debate frente qué hacer con la realidad social y la reforma, creo que hay tres elementos que se pueden tomar en consideración. Primero, la educación universitaria gratuita permite avanzar en el desarrollo de un nuevo campo subjetivo, profundizando las ideas de solidaridad y justicia en Chile. Esto lleva a tomar posiciones frente al campo subjetivo neoliberal. Segundo, y necesario para lo anterior, la educación universitaria requiere una profunda reforma curricular en contenidos en la formación profesional y técnica. No solo es necesario financiarla, también es clave impregnarle principios de cambio y modernidad, sustentados en la justicia e igualdad social. Tercero, debemos avanzar paulatinamente en el cambio de la estructura de principios de la sociedad chilena, abriendo los espacios que permitan el cambio de la subjetividad movida por el mercado y la individualidad exacerbada. Esto sería el inicio de la derrota en el campo de la subjetividad del modelo neoliberal, impuesto hace 41 años por la dictadura cívico militar. Este es el eje central para construir un nuevo Chile. Un Chile republicano y democrático, incluyente de su base popular. 

La derecha en su laberinto

La derecha está haciendo esfuerzos por defender su espacio político en la sociedad chilena. Este espacio se ha ido transformando en un laberinto tortuoso. Las razones son varias, entre ellas una derrota electoral sin precedentes. La derecha fue derrotada en las elecciones municipales, primarias presidenciales, presidenciales y parlamentarias. Todas estas derrotas ocurrieron en pleno desarrollo de su gobierno, dato muy importante a considerar. Desde la perspectiva del uso del Parlamento como contrapeso institucional, dejaron de ser una fuerza opositora y conservadora de peso, particularmente en la Cámara de Diputados.

Por el otro lado, la Nueva Mayoría ganó todas las elecciones mencionadas. Como nunca, tiene un apoyo ciudadano y validación programática que descoloca a la derecha. Por ello, reaccionan ante las propuestas legislativas del Gobierno en forma virulenta, sólo con el afán de oponerse para conservar el modelo creado por ellos en la dictadura militar. Siguen siendo lo mismo, pero con rostros un poco más jóvenes, más fundamentalistas, más “ultrones”. Los jóvenes dirigentes de derecha no han logrado entender el cambio de la sociedad chilena. Por el contrario, frente a este cambio sociopolítico se presentan como miopes y mediocres.

Son miopes, porque creen que la democracia no puede ni debe evolucionar a expresiones de mayor participación activa de la sociedad. Defienden una democracia delegativa, que restringe la participación del sujeto activo de la democracia, que es el pueblo movilizado. Eso claramente les pasó la cuenta en las elecciones. Por lo tanto, ellos mismos construyen las paredes de su laberinto. No dan el paso a buscar el entendimiento con la sociedad activa, que quiere un nuevo pacto social para el Chile del siglo XXI. Incluso, son miopes para defender sus propios intereses y privilegios de clase. Creen que la estrategia de conservación del modelo es suficiente para legitimarse, social y culturalmente, ante los chilenos y chilenas.

Son mediocres, porque creen que sólo basta con utilizar los medios de comunicación y su figuración pública, para convencer a la sociedad chilena que el gobierno lo está haciendo mal. Para oponerse a las reformas, utilizan argumentos de los tiempos de las cavernas. Diputados y Senadores de derecha argumentan sobre credenciales democráticas, cuando su formación y práctica política se la deben a una de las dictaduras más cruentas de la historia mundial. Suponen que el pueblo de Chile no tiene memoria. De la misma manera, intentan colocar en el centro de la discusión argumentos de defensa de la clase media. Cuando el 90% de la población en Chile vive sobre endeudada y esquilmada por un modelo de mercado, que a estas alturas del partido sólo ha traído frustraciones a las personas, como lo dice gran parte de los Informes de Desarrollo Humano. En cuanto a temas valóricos, piensan que las mujeres son sólo instrumentos para la reproducción de la especie humana, y no sujetos sociales con derechos políticos sobre sus cuerpos.

Siendo miope y mediocre, la derecha ha entrado al debate ideológico pensando que, leyendo a Gramsci, va a poder decodificar las acciones políticas del Gobierno de la Nueva Mayoría. Otra pared para su laberinto. Para entender a Gramsci no se puede ser miope y mediocre. Requiere conectarse con la realidad social, económica, cultural y política. Para la derecha resulta extremadamente complejo entender que Chile quiere un nuevo pacto social. Que el modelo de dominación neoliberal está desacreditado en la sociedad chilena, y que no tiene ya sustento cultural y político. Este es finalmente su laberinto.

Cuestión Social en Chile: La desigualdad.

La desigualdad en Chile es una realidad. El terremoto en el norte y el gran incendio en Valparaíso, dos catástrofes de distinto origen, la muestran descarnadamente. Los más afectados son los pobres, los humildes, los rotos, el pueblo de Chile.

Algunos antecedentes. La desigualdad social y económica se puede mostrar mediante el índice de GINI, que mide la equidad de los ingresos (0 = equidad perfecta / 1 = inequidad perfecta). Según el Banco Mundial, su valor en Chile es 0,521, lo que nos deja como uno de los países más inequitativos de América del Sur, sólo superado por Colombia (0,559). En el caso de los países desarrollados, un ejemplo de equidad es Bélgica con 0,265. De la misma manera, según datos de la Universidad de Chile, el 1% de la población más rica se lleva aproximadamente el 21,1% del ingreso total del país. En caso de Dinamarca, el 1% de la población más rica se lleva 6,0% del ingreso total de su país.

Observemos la desigualdad desde la perspectiva de los salarios, según datos de la Fundación Sol. Un Gerente General de una gran empresa gana $17.900.000, es decir, 85 veces más que Salario Mínimo, que asciende a $168.000 líquidos, descontadas previsión y salud (sueldo bruto $210.000). La pensión promedio que pagan las AFP es $183.000. La pensión asistencial otorgada por el Estado asciende a $75.000. Otro dato interesante es el Gasto Público Social como % del PIB. En Chile es 10,2%, mientras que en el promedio de los países desarrollados de la OCDE es 21,9%. Chile tiene una estructura socio económica que garantiza la desigualdad de los ingresos en forma histórica. Resulta curioso que nos sorprendamos cuando la pobreza y la desigualdad emergen desde los cerros y quebradas de Valparaíso, o de las poblaciones de Alto Hospicio.

En el ámbito político, la desigualdad se expresa en la participación de la población en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Según datos del Servicio Electoral, en las últimas elecciones las comunas populares tuvieron un nivel de participación de a 39%. En las comunas de más altos ingresos alcanzó el 58%. Esto se explica principalmente porque los sectores populares han consolidado, en su subjetividad, que al participar en política no les cambia nada su realidad. Paradójicamente, son quienes acceden a mayor cantidad de políticas sociales organizadas desde los gobiernos de turno. En cambio, los sectores de altos ingresos, al tener más educación y de mejor calidad, logran adquirir de mejor manera conciencia de clase. Logran integrar a su comportamiento socio-político la práctica del voto, como un instrumento que les permite conservar sus condiciones de privilegio social. Por tanto, la desigualdad también es estructural en el campo de la política, que se determina por el nivel de ingresos y educación.  

Consistentemente con lo económico-social y lo político, el campo cultural también ratifica la desigualdad en Chile. Según el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes la distribución de equipamiento cultural: bibliotecas, teatros y espacios de exposición, Chile presenta la mayor desigualdad del continente. Las comunas más ricas tienen más equipamiento que las comunas más pobres. Sobre disponibilidad de libros por hogar tiene el índice más bajo de América Latina menos de 5 libros por hogar. Producción editorial la más baja del continente menos de 300 libros al año, solo en Argentina se produce más 1500 anualmente. Datos de la UNESCO. Desde la perspectiva de quienes accede a espectáculos pagados, está claro que estos se definen por la disponibilidad de ingresos. Por tanto son los sectores socioeconómicos que pueden pagar los que acceden, son los ABC1. Un ejemplo: el festival Lollapalooza; el costo de su entrada era por sobre los $80.000, la mitad del sueldo mínimo líquido. La desigualdad cultural está muy ratificada en Chile por la mercantilización de la cultura, donde sólo pueden acceder a bienes y servicios culturales quienes tienen dinero para pagar. Si la cultura es un bien de consumo, su efecto en la estructura social del país es profundizar la desigualdad de origen.

La sociedad chilena está enfrentada a estas desigualdades. Su origen tiene que ver con el modelo de desarrollo que Chile ha implementado en los últimos 40 años. El modelo neoliberal de desarrollo, en el que sus promotores han colocado en el centro el crecimiento económico, descartando de plano la búsqueda del desarrollo social con igualdad. Han liberalizado todas las actividades humanas bajo la lógica del mercado. Su máxima de justicia ha sido que, quien tiene ingresos, puede demandar en el mercado bienes y servicios. El mercado no tiene sentimientos ni valores, solo asigna según la capacidad de compra y de oferta. Han considerado y consideran legítimo, como lo dice una investigadora de Libertad y Desarrollo, que suban los precios de bienes de primera necesidad, en una situación de catástrofe. De hecho, eso ya está ocurriendo con los materiales de construcción en las cadenas de retail del país. Consideran al mercado como un instrumento que permite asignar eficientemente recursos de la sociedad. ¿Para quién es esa eficiencia? Para los que concentran el poder económico, y que consideran que existen chilenos de primera y segunda clase. Los neoliberales consideran que hay chilenos que no deben existir porque son un lastre para la sociedad y la economía: los pobres, los pueblos originarios, los migrantes, las mujeres pobres, en definitiva, los rotos. La visión neoliberal de los últimos 40 años es avalórica, determinada por los intereses de una pequeña elite que se ha beneficiado de ella sin contrapesos. Son los que actualmente se oponen a priori a una reforma tributaria, a la reforma de la educación, a la reforma de salud, a la reforma laboral. Se van a oponer siempre a todo lo que signifique cambio de valores y que tenga como objetivo entregar justicia, igualdad, dignidad social, económica y política a los más desposeídos. 

El modelo neoliberal ha mantenido la desigualdad basándose en la relación desigual entre el capital y el trabajo. Los dueños del capital han utilizado el aparato jurídico político (Estado) para ratificar esta desigualdad. Un ejemplo. En Chile, la legislación laboral establece el derecho a huelga con reemplazo, y múltiples trabas para la sindicalización de los trabajadores. Entre ellas el multi RUT, que divide y fracciona a los trabajadores, atomizando sindicatos o simplemente impidiendo su existencia. Por contraste, en los países más igualitarios en el mundo (Bélgica, Dinamarca, Finlandia), los trabajadores tienen derecho a huelga sin reemplazo, y altas tasas de sindicalización.

Otra expresión de la desigualdad del modelo es que mantiene políticas tributarias regresivas. El mayor aporte a los ingresos fiscales es generado por el Impuesto al Valor Agregado (19% IVA), que grava el consumo de las personas. El efecto social de este impuesto es que los más pobres aportan más, ya que se consumen el 100% en bienes y servicios para su sobrevivencia. Los más ricos en Chile no gastan el 100% de sus ingresos y sobre la renta de su capital hasta el día de hoy solo pagan el 12%. Estructuralmente, el Estado cobra impuestos para la redistribución de ingresos, pero los cobra desigualmente. Los pobres, lo dueños del factor trabajo, pagan más impuestos que los dueños del capital.

La encrucijada del Chile actual no es sólo pensar en una gran reforma educacional, que ayudaría a terminar con las desigualdades de origen, sino también una reforma tributaria y una reforma laboral, que apunten a terminar con la relación inequitativa capital/trabajo. Estas tres grandes reformas deben tener un sustento jurídico/político que permita dar sustentabilidad a políticas destinadas a terminar con la desigualdad. Eso es cambiar las bases políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, que sólo es posible con una nueva Constitución de la República. Chile requiere un nuevo orden constitucional que permita sentar las bases para iniciar el termino de la desigualdad social - económica, política y cultural que hoy tanto nos aqueja.

Cullipeumo, abril 2014.

La crisis neoliberal y los desafíos de la izquierda

El capitalismo neoliberal está nuevamente en crisis. Durante los últimos años han surgido distintas voces, planteando el fin del neoliberalismo. Las voces más permanentes y persistentes en el tiempo, han sido la de los economistas, que analizan el modelo desde la infraestructura económica. En muchos debates, en los cuales he sido un escucha, se ha planteado que el modelo cae en un par de años más, entregando datos y cifras que sorprenden al auditorio.  Así lo he escuchado para la crisis de 1997, 2001, 2007, 2009 y, ahora, la que iniciamos el 2013.

Pese a todas estas predicciones, el modelo no cae. Frente a esto, los analistas que predijeron la caída del modelo presentan, otra vez, un erudito análisis de nuevas y mágicas variables que no se contemplaron en el análisis anterior. Vuelven a afirmar, con más confianza, que ahora sí el modelo se va por el despeñadero. Como si el análisis macro económico fuese una linealidad causa-efecto. No se puede discutir que este tipo de análisis es importante, para reflexionar sobre el modelo. Como contraparte, sirven para alimentar posiciones maximalistas, que sostienen que la revolución es un asalto al cielo.

Desde la sociología política, algunos analistas afirman que el modelo tiene una crisis de representación social. Más específicamente, que el modelo se orada en su base social. La tesis que plantean consiste en que, desde la marginalidad, llegará un pueblo sobrepasando toda estructura social, para terminar en el palacio de invierno declarando el fin del neoliberalismo, y el inicio de la una nueva sociedad. Si esta premisa fuera cierta, varios países del orbe ya tendrían modelos de desarrollo distintos. Sin ir más lejos, Brasil, Bolivia, Uruguay, Venezuela y Ecuador han tenido capacidad de movilización, y el sujeto popular ha estado a favor de cambios profundos en sus sociedades. Aún siguen luchando y resistiendo las contraofensivas neoliberales.

Lecturas distintas a los análisis de la debacle económica o social, enfatizan las autonomías regionales. El modelo de dominación neoliberal está en crisis, porque las regiones del país se levantan con sus propias demandas. La gente protesta desde sus espacios locales. ¿Es una crisis del modelo? No. Estas protestas regionales constatan la incapacidad, del Estado centralizado, para responder a la solución de los problemas de los ciudadanos regionales o locales. Se trata de una crisis del Estado centralista oligárquico latinoamericano, que se instaló mucho antes que el modelo neoliberal.

Por último, otros plantean que la crisis del modelo capitalista neoliberal se explica porque banaliza la cultura de un país, su comunidad socio cultural. Como si la banalidad fuese exclusiva del neoliberalismo. Mucho tienen que decir sobre esto las culturas híbridas de la década de 1960, como la “Nueva Ola” en Chile. No se trata de la crisis del neoliberalismo por la banalización de la cultura. Más bien, la cultura está en crisis porque el neoliberalismo la banaliza, al transformarla en un producto de consumo, en una mercancía.

La actual crisis del modelo neoliberal no significa el fin del modelo. Ni los magros resultados de la economía, la falta de representación social, la ausencia de autonomías regionales o locales, o la banalización de la cultura llevarán consigo la caída del modelo. La característica permanente del modelo neoliberal es estar en crisis.  Su esfera de dominación no ha sido solo económica y política, como muchos piensan.  También ha sido cultural, simbólica y militar. Ha podido sortear todas sus crisis. De hecho, si consideramos al sistema capitalista a secas, por lo menos en América Latina en sus 160 años de vida, ha sorteado grandes crisis. Incluso, ha tenido que ser administrado a regañadientes, por quienes esperaban y proponían otro modelo de desarrollo para sus pueblos. ¿Por qué sucede esto? En términos muy autocríticos, hemos sido presa del discurso maximalista, que durante varias décadas sólo se circunscribe a la idea de caída del modelo de dominación. Como si esto fuese lo único necesario e indispensable, para crear una nueva sociedad. La sociedad requiere constituirse como un todo, y la izquierda requiere darle conducción a ese todo.

¿Cómo se logra llevar el modelo capitalista neoliberal más allá de una crisis, y terminar con él?  Creo que hay pasos necesarios que dar. Pensar un  modelo de desarrollo alternativo en todos sus niveles de acción, es decir, político, económico, social, cultural, militar, medio ambiental y de relaciones internacionales. También, los recursos que requiere para su desarrollo, y sus formas de organización decisional democrática. Analizar, en el conjunto de la sociedad, si existe la capacidad de conducción. Para esto no vale solo la voluntad política. Tiene también un componente técnico importante. Un ejemplo: si nos hiciéramos cargo de la conducción de Chile y su gran minería del cobre, ¿Existen hoy en día los cuadros directivos superiores, intermedios y obreros, para dirigir la gran y mediana minería del cobre, con principios políticos y económicos para crear un modelo alternativo de desarrollo de esta área productiva del país? La respuesta es muy obvia: no existen.

Si la izquierda responsablemente le propone a la sociedad un cambio de modelo, y un proyecto de sociedad, debe ser reflexiva y critica sobre sus capacidades de conducción. La experencia de distintos países de la región, con gobiernos de izquierda comprometidos con cambios de la sociedad, muestra que los procesos no sólo pasan por la voluntad y la discursividad retórica. Pasan también por tener una masa crítica político-técnica preparada, que pueda conducir los cambios sociales, políticos y culturales, que un modelo desarrollo alternativo requiere. Esta es una de las lecciones que ha entregado la autocrítica de gobiernos de avanzada en la región latinoamericana.

Para que una nueva crisis del modelo neoliberal sea la última, la izquierda debe reflexionar sobre un modelo alternativo, proponer políticas y programas acordes con dicho modelo, y formar cuadros político-técnicos que, en conjunto con la sociedad movilizada, logren instalar dicho modelo. Este es el desafío de la izquierda que debemos trabajar desde hoy.

Cullipeumo, marzo 2014.-

Los criollos están perdiendo el Poder

Algo pasa en Chile. Después del nombramiento del gabinete de la Presidenta Bachelet, vino una serie de críticas por errores y omisiones de antecedentes de los Ministros y Subsecretarios.  Hubo efectos inmediatos.  Salidas, explicaciones y comentarios.

Entre los comentarios, se hizo un análisis de los ministros políticos y su experiencia para la dirección del gobierno. Los cuestionamientos fueron duros. Incluso algunos descalificadores.  ¿Quiénes eran los emisores de estas críticas? Personeros políticos de distintos sectores, que coincidían en que la política de alta dirección está reservada a ciertos sectores sociales (burguesía). En el subtexto de sus opiniones se percibía claramente la idea de que estos cargos eran para hombres que no provienen de liceos con número y letra, menos de comunas marginales. Con esto, hacen emerger una de las contradicciones culturales del Estado Republicano Chileno: la dominación de los criollos por sobre los rotos chilenos. Me refiero al “roto chileno” como una categoría analítica, no como el despectivo cultural que se usa habitualmente.

Estos argumentos son excesivamente conservadores. Emergieron desde los inicios de la república, cuando los criollos tomaron el poder, y con sus familias numerosas comenzaron a ocuparse de los oficios de dirección política del Estado. Por eso, no era raro encontrar familias que tenían hijos en el ejército, en la curia, en la alta dirección del gobierno, en las notarias, en el servicio internacional. 

Hoy en día esas familias no son numerosas. Sus hijos difícilmente cumplen la función de reproducción del poder. Sus meritos son cuestionables. Ha cambiado su estructura de influencia familiar. No les queda más que luchar por mantener sus espacios actuales de poder, aunque ya sean de avanzada edad.

Emerge un nuevo Chile. Un Chile en donde los rotos se profesionalizan con mucho sacrificio, pero lo logran. Tenemos un nuevo roto que entiende su rol en la sociedad y en la construcción del poder. Sabe que ha sido despreciado por las elites conservadoras. Sabe que puede disputarle el poder. Tiene ascendientes culturales en la lucha de clases, y en expresiones culturales y populares como la cueca brava o porteña. Sabe enfrentar la adversidad social y que sus posibilidades de desarrollo pasan por pensar cómo hacer de un Chile más igual. Menos jerarquizado. Inteligentemente ocupa espacios en las Universidades Públicas, porque los criollos ya simplemente no asisten a ellas, pues tienen universidades privadas y confesionales cerca de sus casas, en la cota mil.

Este roto sabe que el poder económico ya no está en manos de los latifundistas de antaño. Reconocen el poder en los megaempresarios, y saben que estos abusan de su poder e influencias en gran parte de actividades económicas que desarrollan. Tienen poder económico para explotar.

También saben que los descendientes de migrantes se han enriquecido, y hoy influyen desde la banca financiera, o desde las oficinas de sus gerencias del retail. Saben que también fueron despreciados por los criollos en el siglo XX.

Este es el nuevo Chile. Se está reestructurando en sus formas de organización social del poder. Eso es lo que nos muestra hoy día el nuevo gabinete. Pero también enuncia una nueva modernización, quizás contradictoria y aun no muy bien definida. No estamos frente a una sociedad más democrática. Estamos frente a la crisis del modelo oligárquico criollo, que está enfrentando días complejos y quizás terminales. Deberemos observar.

Los discursos ideológicos, políticos y culturales deberán hacerse cargo de este nuevo Chile, con propuestas que permitan encauzar esta energía transformadora. Los rotos, los populares, serán en los próximos años parte de la disputa política. Quienes construyan un mejor camino propositivo y de cambio social, pueden lograr tener su respaldo. Por ahora, lo que está claro que los pocos criollos republicanos han sentido el golpe,  y se dan cuenta de que no tienen cómo reconstituirse frente a la masificación de  los rotos.

Ante esta constatación hay desafíos políticos. La derecha UDI ha empezado a esbozar la idea de volver a las bases y disputar los sectores populares. La izquierda no se puede plantear esa disputa, pues sus raíces históricas están en los rotos y en su lucha contra la oligarquía. Debemos definir cómo es capaz de conducir y crear en conjunto un proceso de cambios, reestructuraciones y reformas al Estado Republicano Chileno. El objetivo es tener un Estado más popular, integrador y menos excluyente de lo que ha sido en estos últimos 40 años.

Cullipeumo, verano 2014.-

Más allá de las personas: lo que se juega en el debate sobre la idoneidad de los nombramientos en cargos públicos

Pablo Monje-Reyes[1] Marcela Ferrer Lues[2]

Chile está cambiando.  Desde hace unos días ha vuelto a instalarse un debate relevante: la idoneidad de las personas para asumir cargos públicos. Esto forma parte de una verdadera democracia, que incluya también la institucionalización de mecanismos de control social y político. Desde los inicios del gobierno que termina, nuestro país ha mostrado con fuerza que el nombramiento de las autoridades públicas debe ser y ha sido escrutado por la ciudadanía. Por ello, es obvio que iba a ocurrir en el gobierno entrante, para nadie debiera ser una sorpresa. Más aún cuando existen expectativas sobre temas de interés público, que detonaron las movilizaciones sociales de los últimos años, cuyas respuestas requieren articular confianzas entre los actores políticos y sociales.

El debate se ha centrado, específicamente, en la falta de ética en el comportamiento de algunas de las nuevas autoridades nombradas. Esto, se argumenta, los inhabilitaría para ocupar cargos públicos. Para analizar este juicio, tenemos que empezar por precisar algunos conceptos. La ética se refiere a cómo las personas y las sociedades definen su comportamiento moral, y organizan la vida colectiva procurando el bien común, bajo una serie de principios. Los principios centrales han sido la justicia, la igualdad y la libertad. Esta definición está tensionada permanentemente por la estructura de clases y el contexto histórico en que se vive, lo que exige el análisis crítico, individual y colectivo, de la sociedad, de sus normas y roles asignados, como también tomar posición frente a ellos. Podemos entender a la ética pública como un espacio específico de definición. La ética pública se refiere al comportamiento de la persona que accede a un cargo público, frente a las normas, instituciones y el uso de recursos; le exige regirse por principios de probidad, transparencia y promoción del bien común. La sociedad chilena dirime la construcción de su bien común, a través de mecanismos de elección democrática. Por ello, el Programa de quienes resultan electos expresa las políticas de promoción del bien común, que la mayoría de los chilenos comparte. 

La vigilancia de la idoneidad del comportamiento de quienes asumen funciones públicas, debiera darse, al menos, en dos ámbitos distintos. El primero es el comportamiento profesional previo. Si este comportamiento entrase en contradicción con las acciones que se comprometen en la función pública, como también con las definiciones principales del Programa de gobierno, es admisible pensar que la persona no tiene las competencias éticas para asumir la función pública, pues no cumple con los requisitos para lograr aquello que la sociedad definió como “bien común”. Por tanto, una persona que tiene las competencias profesionales para destacarse en el ámbito privado, no necesariamente puede ejercer estas competencias en el ámbito público. 

El segundo ámbito de vigilancia es el comportamiento como ciudadano o ciudadana. Si este comportamiento entrase en contradicción con algunos valores socialmente compartidos, como la honestidad o el respeto por el otro(a), o con los compromisos del Programa, es admisible pensar que esa persona no tiene las competencias éticas para asumir la función de dirección pública, necesaria para la ejecución programática. 

La gestión del Estado y del Gobierno requiere no sólo de competencias profesionales de gran nivel, y un comportamiento ciudadano acorde con los valores democráticos. Requiere también de una ética adecuada a la función pública, y a los acuerdos sociales y políticos que la sociedad ha confiado a una coalición política, para dirigir el Estado. El Programa de Gobierno es un acuerdo entre actores políticos, que se presenta como compromiso ante la ciudadanía, constituyéndose por lo tanto en un mandato. Al resultar electos, la sociedad espera y confía en que la coalición gobernante va a realizar todas las acciones necesarias para cumplir ese Programa. Al no hacer todo lo necesario para cumplirlo, o no enmendar a tiempo los errores detectados, se pone en cuestión su compromiso político y ético por las transformaciones por las cuales la sociedad chilena se ha movilizado permanentemente los últimos años. Bienvenido el debate sobre la idoneidad de quienes deben asumir la función pública.

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[1] Doctorando en Ciencias Sociales y Magister en Gestión y Políticas Públicas, Universidad de Chile y Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, Universidad de Los Lagos. 
[2] Dra. © en Salud Pública, Universidad de Chile; Master of Health Science, University of Toronto y  Socióloga, Universidad de Chile.