Las
razones de la izquierda para no pedir perdón.
Pablo Monje-Reyes
Quizás algunas de las preguntas más importantes que
la sociología política en América Latina en los últimos 40 años ha intentado
responder son ¿Cuáles fueron las razones de economía política del golpe de
Estado que derrocó al gobierno de
Salvador Allende? ¿Qué responsabilidad tuvieron Allende y los partidos de la
Unidad Popular?
Muchos se han inclinado por la intervención de
Estados Unidos, por medio de la CIA. Hay bastante evidencia sobre esas
acciones. Otros se han inclinado por la falta de consolidar una mayoría
político–social para lograr los cambios. Más aún, otros han enfatizado la
impericia de la izquierda para lograr una
coalición mayoritaria por los cambios, y su caída en discursos infantilistas,
que preconizaban la revolución como única vía.
Las tres versiones, en general, tienen asidero y
pueden explicar en conjunto los factores que desencadenaron el golpe militar.
No obstante, pienso que un rol central tuvo el proyecto político de la Unidad
Popular, encabezado por el Dr. Salvador Allende, que apuntó a las
contradicciones principales de la sociedad Chilena de la época, y que fue
inaceptable para la derecha conservadora. Son razones político-ideológicas y
económicas claves, que justifican la conducta de la derecha golpista, su apoyo
irrestricto a los 17 años de la dictadura, y su intento fracasado de
perpetuarla por 8 años más.
La Unidad Popular logró detectar políticamente y
plasmar en su programa las contradicciones principales de la sociedad chilena,
proponiendo un proyecto para su democratización y modernización.
Su proyecto fue declaradamente antiimperialista,
que se ratificó con la nacionalización del cobre y que se enfrentó a las
empresas mineras norteamericanas, y de paso al gobierno de Estados Unidos, que decidió a temprana hora boicotear al
gobierno de la Unidad Popular.
Un proyecto que culturalmente se enfrentó a la
corrupción pública de carácter burguesa. Las seis primeras medidas del Gobierno
Popular fueron: supresión de los sueldos fabulosos de la administración pública;
fin a los asesores de gobierno que no fueran funcionarios públicos; honestidad
administrativa de los funcionarios de gobierno; no más viajes fastuosos al
extranjero; no más autos fiscales en diversiones; y el fisco no fabricará
nuevos ricos, mediante el enriquecimiento ilícito de los funcionarios de
gobierno.
De la misma manera, el proyecto de gobierno del Dr.
Allende apuntó a las principales contradicciones sociales y políticas de la época,
afirmando que, “terminaremos con las jubilaciones millonarias, sean
parlamentarias o de cualquier sector público, o privado, y utilizaremos esos
recursos en mejorar las pensiones más bajas”; e “incorporaremos al sistema
previsional a los pequeños y medianos comerciantes, industriales y
agricultores, trabajadores independientes, artesanos, pescadores, pequeños
mineros, pirquineros y dueñas de casa”. Temas que hasta el día de hoy no se
resuelven.
El programa de la Unidad Popular puso en el centro la justicia social desde la
infancia: “daremos matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos y útiles
escolares sin costo, para todos los niños de la enseñanza básica” y “aseguraremos
medio litro de leche diaria como ración a todos los niños de Chile”.
El proyecto de transformaciones políticas del Dr.
Allende era concreto y con medidas viables, como las que se han mencionado. Apuntaban
al eje central del poder que la burguesía chilena ha tenido desde el inicio de
la República. Muchas de esas medidas, 40 años después, retoman notable
vigencia.
El proyecto encabezado por la derecha golpista, con
el apoyo de los militares durante los 17 años de dictadura, buscó terminar con
los avances sociales logrados por los gobiernos democráticos y modernizadores
del siglo XX. De hecho, las reformas impuestas a sangre y fuego terminaron con
las conquistas del pueblo. Una muestra es el plan laboral de José Piñera, que
terminó con los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. También,
se privatizó los servicios básicos de agua, luz y aseo. Se privatizó la
educación y la salud en todos sus niveles. Se reconstruyó la inversión privada
en la minería. Se demonizó a todos quienes pensamos que el Estado debe jugar un
rol activo en la sociedad y en las políticas económicas de redistribución de la
riqueza. Todo esto, sobre la base de la violación sistemática de los derechos
humanos dirigida por Pinochet, que murió sin ser condenado por sus crímenes ni
por su fortuna familiar, generada mediante el robo al Estado chileno.
Está claro: el proyecto político del gobierno de
Salvador Allende amenazó los privilegios históricos de la derecha, que respondió
promoviendo e impulsando el Golpe de Estado. Por esta razón, aceptar que
quienes apoyaron el Gobierno de Salvador Allende crearon las condiciones para
el golpe, como se argumenta por estos días, es negar un principio fundamental
de la izquierda, como es la lucha por la transformación de las bases sociales y
políticas de la injusticia social. Por tanto, todos quienes piden y llaman a pedir
perdón por el Golpe de Estado, en nombre de la izquierda, simplemente igualan a
las victimas con los victimarios. Rompen con la tradición transformadora de la
izquierda política chilena y legitiman la violencia política de la derecha,
frente a los cambios sociales y la lucha por una democracia más profunda y
popular. Con esa tesis no se defiende al pueblo de Chile, sino todo lo
contrario. Se le expone una vez más a la explotación y barbarie de la derecha, que
aún detenta el poder económico y político en el país. 40 años después.
Cullipeumo, invierno 2013.-
