Cuestión Social en Chile: La desigualdad.

La desigualdad en Chile es una realidad. El terremoto en el norte y el gran incendio en Valparaíso, dos catástrofes de distinto origen, la muestran descarnadamente. Los más afectados son los pobres, los humildes, los rotos, el pueblo de Chile.

Algunos antecedentes. La desigualdad social y económica se puede mostrar mediante el índice de GINI, que mide la equidad de los ingresos (0 = equidad perfecta / 1 = inequidad perfecta). Según el Banco Mundial, su valor en Chile es 0,521, lo que nos deja como uno de los países más inequitativos de América del Sur, sólo superado por Colombia (0,559). En el caso de los países desarrollados, un ejemplo de equidad es Bélgica con 0,265. De la misma manera, según datos de la Universidad de Chile, el 1% de la población más rica se lleva aproximadamente el 21,1% del ingreso total del país. En caso de Dinamarca, el 1% de la población más rica se lleva 6,0% del ingreso total de su país.

Observemos la desigualdad desde la perspectiva de los salarios, según datos de la Fundación Sol. Un Gerente General de una gran empresa gana $17.900.000, es decir, 85 veces más que Salario Mínimo, que asciende a $168.000 líquidos, descontadas previsión y salud (sueldo bruto $210.000). La pensión promedio que pagan las AFP es $183.000. La pensión asistencial otorgada por el Estado asciende a $75.000. Otro dato interesante es el Gasto Público Social como % del PIB. En Chile es 10,2%, mientras que en el promedio de los países desarrollados de la OCDE es 21,9%. Chile tiene una estructura socio económica que garantiza la desigualdad de los ingresos en forma histórica. Resulta curioso que nos sorprendamos cuando la pobreza y la desigualdad emergen desde los cerros y quebradas de Valparaíso, o de las poblaciones de Alto Hospicio.

En el ámbito político, la desigualdad se expresa en la participación de la población en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Según datos del Servicio Electoral, en las últimas elecciones las comunas populares tuvieron un nivel de participación de a 39%. En las comunas de más altos ingresos alcanzó el 58%. Esto se explica principalmente porque los sectores populares han consolidado, en su subjetividad, que al participar en política no les cambia nada su realidad. Paradójicamente, son quienes acceden a mayor cantidad de políticas sociales organizadas desde los gobiernos de turno. En cambio, los sectores de altos ingresos, al tener más educación y de mejor calidad, logran adquirir de mejor manera conciencia de clase. Logran integrar a su comportamiento socio-político la práctica del voto, como un instrumento que les permite conservar sus condiciones de privilegio social. Por tanto, la desigualdad también es estructural en el campo de la política, que se determina por el nivel de ingresos y educación.  

Consistentemente con lo económico-social y lo político, el campo cultural también ratifica la desigualdad en Chile. Según el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes la distribución de equipamiento cultural: bibliotecas, teatros y espacios de exposición, Chile presenta la mayor desigualdad del continente. Las comunas más ricas tienen más equipamiento que las comunas más pobres. Sobre disponibilidad de libros por hogar tiene el índice más bajo de América Latina menos de 5 libros por hogar. Producción editorial la más baja del continente menos de 300 libros al año, solo en Argentina se produce más 1500 anualmente. Datos de la UNESCO. Desde la perspectiva de quienes accede a espectáculos pagados, está claro que estos se definen por la disponibilidad de ingresos. Por tanto son los sectores socioeconómicos que pueden pagar los que acceden, son los ABC1. Un ejemplo: el festival Lollapalooza; el costo de su entrada era por sobre los $80.000, la mitad del sueldo mínimo líquido. La desigualdad cultural está muy ratificada en Chile por la mercantilización de la cultura, donde sólo pueden acceder a bienes y servicios culturales quienes tienen dinero para pagar. Si la cultura es un bien de consumo, su efecto en la estructura social del país es profundizar la desigualdad de origen.

La sociedad chilena está enfrentada a estas desigualdades. Su origen tiene que ver con el modelo de desarrollo que Chile ha implementado en los últimos 40 años. El modelo neoliberal de desarrollo, en el que sus promotores han colocado en el centro el crecimiento económico, descartando de plano la búsqueda del desarrollo social con igualdad. Han liberalizado todas las actividades humanas bajo la lógica del mercado. Su máxima de justicia ha sido que, quien tiene ingresos, puede demandar en el mercado bienes y servicios. El mercado no tiene sentimientos ni valores, solo asigna según la capacidad de compra y de oferta. Han considerado y consideran legítimo, como lo dice una investigadora de Libertad y Desarrollo, que suban los precios de bienes de primera necesidad, en una situación de catástrofe. De hecho, eso ya está ocurriendo con los materiales de construcción en las cadenas de retail del país. Consideran al mercado como un instrumento que permite asignar eficientemente recursos de la sociedad. ¿Para quién es esa eficiencia? Para los que concentran el poder económico, y que consideran que existen chilenos de primera y segunda clase. Los neoliberales consideran que hay chilenos que no deben existir porque son un lastre para la sociedad y la economía: los pobres, los pueblos originarios, los migrantes, las mujeres pobres, en definitiva, los rotos. La visión neoliberal de los últimos 40 años es avalórica, determinada por los intereses de una pequeña elite que se ha beneficiado de ella sin contrapesos. Son los que actualmente se oponen a priori a una reforma tributaria, a la reforma de la educación, a la reforma de salud, a la reforma laboral. Se van a oponer siempre a todo lo que signifique cambio de valores y que tenga como objetivo entregar justicia, igualdad, dignidad social, económica y política a los más desposeídos. 

El modelo neoliberal ha mantenido la desigualdad basándose en la relación desigual entre el capital y el trabajo. Los dueños del capital han utilizado el aparato jurídico político (Estado) para ratificar esta desigualdad. Un ejemplo. En Chile, la legislación laboral establece el derecho a huelga con reemplazo, y múltiples trabas para la sindicalización de los trabajadores. Entre ellas el multi RUT, que divide y fracciona a los trabajadores, atomizando sindicatos o simplemente impidiendo su existencia. Por contraste, en los países más igualitarios en el mundo (Bélgica, Dinamarca, Finlandia), los trabajadores tienen derecho a huelga sin reemplazo, y altas tasas de sindicalización.

Otra expresión de la desigualdad del modelo es que mantiene políticas tributarias regresivas. El mayor aporte a los ingresos fiscales es generado por el Impuesto al Valor Agregado (19% IVA), que grava el consumo de las personas. El efecto social de este impuesto es que los más pobres aportan más, ya que se consumen el 100% en bienes y servicios para su sobrevivencia. Los más ricos en Chile no gastan el 100% de sus ingresos y sobre la renta de su capital hasta el día de hoy solo pagan el 12%. Estructuralmente, el Estado cobra impuestos para la redistribución de ingresos, pero los cobra desigualmente. Los pobres, lo dueños del factor trabajo, pagan más impuestos que los dueños del capital.

La encrucijada del Chile actual no es sólo pensar en una gran reforma educacional, que ayudaría a terminar con las desigualdades de origen, sino también una reforma tributaria y una reforma laboral, que apunten a terminar con la relación inequitativa capital/trabajo. Estas tres grandes reformas deben tener un sustento jurídico/político que permita dar sustentabilidad a políticas destinadas a terminar con la desigualdad. Eso es cambiar las bases políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, que sólo es posible con una nueva Constitución de la República. Chile requiere un nuevo orden constitucional que permita sentar las bases para iniciar el termino de la desigualdad social - económica, política y cultural que hoy tanto nos aqueja.

Cullipeumo, abril 2014.