Los criollos están perdiendo el Poder

Algo pasa en Chile. Después del nombramiento del gabinete de la Presidenta Bachelet, vino una serie de críticas por errores y omisiones de antecedentes de los Ministros y Subsecretarios.  Hubo efectos inmediatos.  Salidas, explicaciones y comentarios.

Entre los comentarios, se hizo un análisis de los ministros políticos y su experiencia para la dirección del gobierno. Los cuestionamientos fueron duros. Incluso algunos descalificadores.  ¿Quiénes eran los emisores de estas críticas? Personeros políticos de distintos sectores, que coincidían en que la política de alta dirección está reservada a ciertos sectores sociales (burguesía). En el subtexto de sus opiniones se percibía claramente la idea de que estos cargos eran para hombres que no provienen de liceos con número y letra, menos de comunas marginales. Con esto, hacen emerger una de las contradicciones culturales del Estado Republicano Chileno: la dominación de los criollos por sobre los rotos chilenos. Me refiero al “roto chileno” como una categoría analítica, no como el despectivo cultural que se usa habitualmente.

Estos argumentos son excesivamente conservadores. Emergieron desde los inicios de la república, cuando los criollos tomaron el poder, y con sus familias numerosas comenzaron a ocuparse de los oficios de dirección política del Estado. Por eso, no era raro encontrar familias que tenían hijos en el ejército, en la curia, en la alta dirección del gobierno, en las notarias, en el servicio internacional. 

Hoy en día esas familias no son numerosas. Sus hijos difícilmente cumplen la función de reproducción del poder. Sus meritos son cuestionables. Ha cambiado su estructura de influencia familiar. No les queda más que luchar por mantener sus espacios actuales de poder, aunque ya sean de avanzada edad.

Emerge un nuevo Chile. Un Chile en donde los rotos se profesionalizan con mucho sacrificio, pero lo logran. Tenemos un nuevo roto que entiende su rol en la sociedad y en la construcción del poder. Sabe que ha sido despreciado por las elites conservadoras. Sabe que puede disputarle el poder. Tiene ascendientes culturales en la lucha de clases, y en expresiones culturales y populares como la cueca brava o porteña. Sabe enfrentar la adversidad social y que sus posibilidades de desarrollo pasan por pensar cómo hacer de un Chile más igual. Menos jerarquizado. Inteligentemente ocupa espacios en las Universidades Públicas, porque los criollos ya simplemente no asisten a ellas, pues tienen universidades privadas y confesionales cerca de sus casas, en la cota mil.

Este roto sabe que el poder económico ya no está en manos de los latifundistas de antaño. Reconocen el poder en los megaempresarios, y saben que estos abusan de su poder e influencias en gran parte de actividades económicas que desarrollan. Tienen poder económico para explotar.

También saben que los descendientes de migrantes se han enriquecido, y hoy influyen desde la banca financiera, o desde las oficinas de sus gerencias del retail. Saben que también fueron despreciados por los criollos en el siglo XX.

Este es el nuevo Chile. Se está reestructurando en sus formas de organización social del poder. Eso es lo que nos muestra hoy día el nuevo gabinete. Pero también enuncia una nueva modernización, quizás contradictoria y aun no muy bien definida. No estamos frente a una sociedad más democrática. Estamos frente a la crisis del modelo oligárquico criollo, que está enfrentando días complejos y quizás terminales. Deberemos observar.

Los discursos ideológicos, políticos y culturales deberán hacerse cargo de este nuevo Chile, con propuestas que permitan encauzar esta energía transformadora. Los rotos, los populares, serán en los próximos años parte de la disputa política. Quienes construyan un mejor camino propositivo y de cambio social, pueden lograr tener su respaldo. Por ahora, lo que está claro que los pocos criollos republicanos han sentido el golpe,  y se dan cuenta de que no tienen cómo reconstituirse frente a la masificación de  los rotos.

Ante esta constatación hay desafíos políticos. La derecha UDI ha empezado a esbozar la idea de volver a las bases y disputar los sectores populares. La izquierda no se puede plantear esa disputa, pues sus raíces históricas están en los rotos y en su lucha contra la oligarquía. Debemos definir cómo es capaz de conducir y crear en conjunto un proceso de cambios, reestructuraciones y reformas al Estado Republicano Chileno. El objetivo es tener un Estado más popular, integrador y menos excluyente de lo que ha sido en estos últimos 40 años.

Cullipeumo, verano 2014.-

Más allá de las personas: lo que se juega en el debate sobre la idoneidad de los nombramientos en cargos públicos

Pablo Monje-Reyes[1] Marcela Ferrer Lues[2]

Chile está cambiando.  Desde hace unos días ha vuelto a instalarse un debate relevante: la idoneidad de las personas para asumir cargos públicos. Esto forma parte de una verdadera democracia, que incluya también la institucionalización de mecanismos de control social y político. Desde los inicios del gobierno que termina, nuestro país ha mostrado con fuerza que el nombramiento de las autoridades públicas debe ser y ha sido escrutado por la ciudadanía. Por ello, es obvio que iba a ocurrir en el gobierno entrante, para nadie debiera ser una sorpresa. Más aún cuando existen expectativas sobre temas de interés público, que detonaron las movilizaciones sociales de los últimos años, cuyas respuestas requieren articular confianzas entre los actores políticos y sociales.

El debate se ha centrado, específicamente, en la falta de ética en el comportamiento de algunas de las nuevas autoridades nombradas. Esto, se argumenta, los inhabilitaría para ocupar cargos públicos. Para analizar este juicio, tenemos que empezar por precisar algunos conceptos. La ética se refiere a cómo las personas y las sociedades definen su comportamiento moral, y organizan la vida colectiva procurando el bien común, bajo una serie de principios. Los principios centrales han sido la justicia, la igualdad y la libertad. Esta definición está tensionada permanentemente por la estructura de clases y el contexto histórico en que se vive, lo que exige el análisis crítico, individual y colectivo, de la sociedad, de sus normas y roles asignados, como también tomar posición frente a ellos. Podemos entender a la ética pública como un espacio específico de definición. La ética pública se refiere al comportamiento de la persona que accede a un cargo público, frente a las normas, instituciones y el uso de recursos; le exige regirse por principios de probidad, transparencia y promoción del bien común. La sociedad chilena dirime la construcción de su bien común, a través de mecanismos de elección democrática. Por ello, el Programa de quienes resultan electos expresa las políticas de promoción del bien común, que la mayoría de los chilenos comparte. 

La vigilancia de la idoneidad del comportamiento de quienes asumen funciones públicas, debiera darse, al menos, en dos ámbitos distintos. El primero es el comportamiento profesional previo. Si este comportamiento entrase en contradicción con las acciones que se comprometen en la función pública, como también con las definiciones principales del Programa de gobierno, es admisible pensar que la persona no tiene las competencias éticas para asumir la función pública, pues no cumple con los requisitos para lograr aquello que la sociedad definió como “bien común”. Por tanto, una persona que tiene las competencias profesionales para destacarse en el ámbito privado, no necesariamente puede ejercer estas competencias en el ámbito público. 

El segundo ámbito de vigilancia es el comportamiento como ciudadano o ciudadana. Si este comportamiento entrase en contradicción con algunos valores socialmente compartidos, como la honestidad o el respeto por el otro(a), o con los compromisos del Programa, es admisible pensar que esa persona no tiene las competencias éticas para asumir la función de dirección pública, necesaria para la ejecución programática. 

La gestión del Estado y del Gobierno requiere no sólo de competencias profesionales de gran nivel, y un comportamiento ciudadano acorde con los valores democráticos. Requiere también de una ética adecuada a la función pública, y a los acuerdos sociales y políticos que la sociedad ha confiado a una coalición política, para dirigir el Estado. El Programa de Gobierno es un acuerdo entre actores políticos, que se presenta como compromiso ante la ciudadanía, constituyéndose por lo tanto en un mandato. Al resultar electos, la sociedad espera y confía en que la coalición gobernante va a realizar todas las acciones necesarias para cumplir ese Programa. Al no hacer todo lo necesario para cumplirlo, o no enmendar a tiempo los errores detectados, se pone en cuestión su compromiso político y ético por las transformaciones por las cuales la sociedad chilena se ha movilizado permanentemente los últimos años. Bienvenido el debate sobre la idoneidad de quienes deben asumir la función pública.

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[1] Doctorando en Ciencias Sociales y Magister en Gestión y Políticas Públicas, Universidad de Chile y Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, Universidad de Los Lagos. 
[2] Dra. © en Salud Pública, Universidad de Chile; Master of Health Science, University of Toronto y  Socióloga, Universidad de Chile.