Más allá de las personas: lo que se juega en el debate sobre la idoneidad de los nombramientos en cargos públicos

Pablo Monje-Reyes[1] Marcela Ferrer Lues[2]

Chile está cambiando.  Desde hace unos días ha vuelto a instalarse un debate relevante: la idoneidad de las personas para asumir cargos públicos. Esto forma parte de una verdadera democracia, que incluya también la institucionalización de mecanismos de control social y político. Desde los inicios del gobierno que termina, nuestro país ha mostrado con fuerza que el nombramiento de las autoridades públicas debe ser y ha sido escrutado por la ciudadanía. Por ello, es obvio que iba a ocurrir en el gobierno entrante, para nadie debiera ser una sorpresa. Más aún cuando existen expectativas sobre temas de interés público, que detonaron las movilizaciones sociales de los últimos años, cuyas respuestas requieren articular confianzas entre los actores políticos y sociales.

El debate se ha centrado, específicamente, en la falta de ética en el comportamiento de algunas de las nuevas autoridades nombradas. Esto, se argumenta, los inhabilitaría para ocupar cargos públicos. Para analizar este juicio, tenemos que empezar por precisar algunos conceptos. La ética se refiere a cómo las personas y las sociedades definen su comportamiento moral, y organizan la vida colectiva procurando el bien común, bajo una serie de principios. Los principios centrales han sido la justicia, la igualdad y la libertad. Esta definición está tensionada permanentemente por la estructura de clases y el contexto histórico en que se vive, lo que exige el análisis crítico, individual y colectivo, de la sociedad, de sus normas y roles asignados, como también tomar posición frente a ellos. Podemos entender a la ética pública como un espacio específico de definición. La ética pública se refiere al comportamiento de la persona que accede a un cargo público, frente a las normas, instituciones y el uso de recursos; le exige regirse por principios de probidad, transparencia y promoción del bien común. La sociedad chilena dirime la construcción de su bien común, a través de mecanismos de elección democrática. Por ello, el Programa de quienes resultan electos expresa las políticas de promoción del bien común, que la mayoría de los chilenos comparte. 

La vigilancia de la idoneidad del comportamiento de quienes asumen funciones públicas, debiera darse, al menos, en dos ámbitos distintos. El primero es el comportamiento profesional previo. Si este comportamiento entrase en contradicción con las acciones que se comprometen en la función pública, como también con las definiciones principales del Programa de gobierno, es admisible pensar que la persona no tiene las competencias éticas para asumir la función pública, pues no cumple con los requisitos para lograr aquello que la sociedad definió como “bien común”. Por tanto, una persona que tiene las competencias profesionales para destacarse en el ámbito privado, no necesariamente puede ejercer estas competencias en el ámbito público. 

El segundo ámbito de vigilancia es el comportamiento como ciudadano o ciudadana. Si este comportamiento entrase en contradicción con algunos valores socialmente compartidos, como la honestidad o el respeto por el otro(a), o con los compromisos del Programa, es admisible pensar que esa persona no tiene las competencias éticas para asumir la función de dirección pública, necesaria para la ejecución programática. 

La gestión del Estado y del Gobierno requiere no sólo de competencias profesionales de gran nivel, y un comportamiento ciudadano acorde con los valores democráticos. Requiere también de una ética adecuada a la función pública, y a los acuerdos sociales y políticos que la sociedad ha confiado a una coalición política, para dirigir el Estado. El Programa de Gobierno es un acuerdo entre actores políticos, que se presenta como compromiso ante la ciudadanía, constituyéndose por lo tanto en un mandato. Al resultar electos, la sociedad espera y confía en que la coalición gobernante va a realizar todas las acciones necesarias para cumplir ese Programa. Al no hacer todo lo necesario para cumplirlo, o no enmendar a tiempo los errores detectados, se pone en cuestión su compromiso político y ético por las transformaciones por las cuales la sociedad chilena se ha movilizado permanentemente los últimos años. Bienvenido el debate sobre la idoneidad de quienes deben asumir la función pública.

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[1] Doctorando en Ciencias Sociales y Magister en Gestión y Políticas Públicas, Universidad de Chile y Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, Universidad de Los Lagos. 
[2] Dra. © en Salud Pública, Universidad de Chile; Master of Health Science, University of Toronto y  Socióloga, Universidad de Chile.