Los efectos de la derechización de la Concertación en Chile.

En los últimos días ha circulado cierta decepción política, que está madurando a partir del análisis de los 20 años de gobierno de la Concertación, y el tiempo transcurrido desde que la derecha asumió la hegemonía política  de la sociedad chilena.

¿Cuál es esa decepción? Definitivamente, reconocer que la modernización y la “democratización” de nuestra sociedad eran sólo una imagen que la Concertación impulsó comunicacionalmente, con un alto grado de aceptación en buena parte de los sectores sociales y culturales del país. Más aun, a vuelta de página y a 20 años después de haber terminado con la más cruenta dictadura, la derecha asume el poder y muchos chilenos y chilenas perciben que no ha cambiado nada.

¿Por qué no ha cambiado nada?. De un momento a otro, reaparecieron sin cuestionamiento algunos los iconos simbólicos de la dictadura, como el uso del escudo de la nación en tanto forma de identidad gubernamental, conexión directa con el seudo patriotismo de la dictadura; más aún, la instalación de un gobierno de ricos, con ministros y subsecretarios en cuyos curriculums destacan la ausencia de vocación por lo público y la sobrevaloración de la generación y/o administración de riqueza generada a partir, claro está, del modelo neoliberal instalado en la dictadura; de la misma manera, la utilización abierta y deliberada del poder del Estado, en beneficio de los grandes grupos económicos; por último, el nombramiento, en cargos públicos, de personas que estuvieron comprometidos en violaciones de derechos humanos, cuyo ícono es nuestro flamante actual embajador en Argentina.

La derecha ha conjugado estos cuatro elementos sin mayores obstáculos y todo indica que avanzará en esta misma dirección. Pareciera que la Concertación no logró cambiar la matriz socio – política del país creada e instalada en la dictadura. ¿Cuales serian las razones de ello?

Primero, la salida de la dictadura pactada con la misma derecha, sin  cuestionamiento del orden jurídico constitucional. La transición quedó reducida sólo a cambios cosméticos, pues todavía nos rige la Constitución de Pinochet, aunque, de manera eufemística, lleve la firma del ex – Presidente Ricardo Lagos.

Segundo, el rol complaciente de los intelectuales de la Concertación, que no cuestionaron las formas de organización del poder y la forma en que la sociedad chilena entraba en una ruta de individualización. No pusieron en el centro el ethos colectivo y solidario del orden republicano histórico de los partidos de centro e izquierda, para la transformación real del sistema político y democrático del país. De la misma manera, la decisión política de no utilizar a las universidades estatales, para levantar un discurso modernizador y socializador de una nueva democracia y modelo económico. Por el contrario, la Concertación legitimó el modelo de asignación de mercado de recursos públicos en el ámbito de la investigación y desarrollo, recursos que se destinaron tanto a las universidades estatales como a las privadas. Vaya paradoja, en quienes le deben su formación a las universidades públicas de este país.  

Tercero, el uso y abuso de los medios de comunicación para alimentar, a nivel subjetivo en la ciudadanía, las bondades del modelo y la fortaleza de nuestras instituciones democráticas. No se puso en el debate la necesidad de fortalecer la democracia, terminando con la sobre representación de la derecha en el Parlamento. En otras palabras, se dejó de lado, en la política comunicacional, la búsqueda de la derrota simbólico – cultural de la derecha política y, por consiguiente, del modelo neoliberal. La pérdida de pluralidad de los medios de comunicación es un hecho constatado, como también lo es el fracaso de proyectos que nunca obtuvieron apoyo del Estado para hacer frente a la competencia de los grandes grupos periodísticos. Recordemos, por ejemplo, el cierre de La Época, Análisis, Cauce, Fortín Mapocho, Rocinante, La Bicicleta, por nombrar sólo algunos.

Cuarto, la Concertación desarticuló la movilización de los actores socio –políticos y privilegió una política de elite. Con esto, abrió las puertas para que la derecha penetrara en los sectores populares, donde jamás habían logrado un respaldo político masivo. De hecho, hoy en día existen distritos de origen popular en donde la derecha no se beneficia del sistema binominal, si no es primera o segunda mayoría, lo que significa que, cambiando el sistema electoral, seguirá teniendo representación.

Quinto, el no uso del aparato del Estado para la generación de nuevas formas de producción, que hubiese apuntado al fortalecimiento democrático de la sociedad. Por ejemplo, el desarrollo de los sistemas de producción de cooperativa o sistemas de integración productiva del artesanado y pequeña empresa, por medio de sistemas crediticios de carácter solidario. Por el contrario, se entregaron incentivos que apuntaron a la individualización productiva, a la creación subjetiva del micro empresario, y a la instalación de conceptos como “emprendedores” y “emprendedoras”, nada más lejos de nuestra tradición artesanal y de talleres de oficios, presentes desde inicios de la República y que contribuyeron a la profundización de la democracia en nuestra sociedad. También, se manejó políticamente, a nivel de la subjetividad, la idea que los pequeños productores pueden ser exitosos exportadores en un Chile abierto y globalizado, cuando se sabe que los directamente beneficiados de la globalización son las grandes transnacionales y el capital financiero. Por último, se fortaleció simbólicamente que el criterio de éxito es la maximización de la renta individual, omitiendo que las economías pueden ser solidarias e integradoras en un orden social, más amplio y democrático en lo económico y productivo.

Sexto, la poca voluntad política de instalar, en el debate público, la critica efectiva sobre los resultados del modelo económico neoliberal, en tres ámbitos centrales, a saber, el incremento de la desigualdad económica en la distribución de la riqueza, el bajo compromiso en el fortalecimiento de la actividad sindical, y los nefastos efectos medio ambientales del sistema de producción primario exportador, que se profundizó en Chile en estas dos décadas.

Al parecer, la decepción de muchos es una realidad: Chile después de 20 años no cambió nada en el campo simbólico – cultural e institucional. No faltará quien pueda argüir una serie de estadísticas e indicadores, demostrando que avanzamos como sociedad, según los parámetros estándar del “desarrollo”. Quizás, en una gran cantidad de congresos políticos y académicos, se dirá que la Concertación es la coalición más perdurable y de mayor éxito en la historia chilena. Sin embargo, en el campo de las ideas y de la construcción de hegemonía, simplemente la coalición poco o nada puede mostrar. Pareciera que la Concertación, en particular una generación importante de sus lideres, optaron sencillamente por administrar el modelo, movidos por la ética de la responsabilidad y el acomodo ideológico, donde el modelo del emprendedor individualista también se aplico a la política como “opción legitima”. Dejaron de lado totalmente la ética de la convicción, renunciaron a sus ideas originales de cambio enunciadas a finales de los 80 y principios de los 90, y se inclinaron a la derecha. Con ello renunciaron a realizar cambios profundos y radicales para derrotar a la derecha en el campo simbólico – cultural e institucional, que hubiese impedido que hoy la veamos consolidarse en el gobierno con poder político - ejecutivo y legitimados socio-políticamente para gobernar.

Las “lecciones aprendidas” de estos últimos veinte años y sus costos deben quedar en la retina de la sociedad chilena. Quienes creemos que es necesario superar a la derecha política y económica en todas sus líneas de acción, debemos crear nuevas políticas de alianzas que coloquen en el centro una propuesta de cambio modelo de desarrollo, que conduzca a la derrota total del ideario hegemónico y de dominación de la derecha.

Cullipeumo, abril 2010.-

(*) Administrador Público, Universidad de Los Lagos, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, DII, Universidad de Chile.

Piñera y su Política de Alianzas 2.0

Durante las últimas semanas, hemos visto a Sebastian Piñera haciendo gestos políticos hacia los sectores más conservadores o de centro de la Democracia Cristiana. Al otro lado, la UDI aparece protestando por los nombramientos de autoridades y funcionarios públicos, por el proyecto de reconstrucción y la ausencia de la depreciación acelerada, exigiendo cambios en el Gabinete, en fin, masticando la “derrota estratégica” de tener a Piñera como Presidente.

Claramente, estos gestos tienen que ver con la forma como se están perfilando y desarrollando las políticas de alianzas, definidas por los ingenieros políticos de la derecha no UDI. Si nos remontamos a la campaña presidencial, los estrategas electorales de la derecha siempre trataron de atraer la votación de centro, del ala demócrata cristiana de la Concertación. Sin embargo, los resultados no alcanzaron para aumentar el número de votos obtenidos por la derecha, en las últimas tres elecciones presidenciales. Pese a ello, los estrategas no han dejado de insistir en atraer, ahora sin campaña, a la elite “guatona” de la DC. Estos últimos han enfatizado, en el texto y el subtexto de sus declaraciones, que son y serán un partido de centro. Al parecer, estarían dispuestos a ver cómo la derecha-no UDI les propone un pacto o alianza, para cruzar el río y gobernar.

¿Qué significa esto? La reconfiguración del plano político de alianzas hacia el centro permitiría a la derecha convertirse realmente en una alianza de centro-derecha, cuestión que hasta el día de hoy RN-UDI no han logrado. Con esto, tendrían una alianza más sólida para las futuras contiendas electorales, lo que les permitiría mantener el poder ejecutivo más allá de un período, independientemente de las bravuconadas de conspicuos líderes de la UDI, que piensan que si se sigue actuando así, el gobierno de Piñera será un paréntesis entre gobiernos de la Concertación. Si la UDI entiende esto, es posible que baje su perfil conflictivo, y deje de comportarse como el “matón del curso” porque tiene una fuerza parlamentaria de mayoría, que en este caso es un factor de incidencia menor. Porque lo que se gana es mucho.

Si a los ingenieros de la derecha les resulta esta formula, significaría la reafirmación del modelo de desarrollo neoliberal por un par de décadas más, sin poder ser fracturado en su espacio de sustentación del poder y legitimidad política.

Para los sectores de la izquierda, la conformación de una verdadera centro-derecha implicaría el desarrollo de una política de alianzas amplia y unitaria. Sin embargo, el poder que tendría la alianza de centro-derecha sería, por una buena cantidad de años, incontrarrestable (capital + medios de comunicación). La ampliación de la derecha hacia el centro traería consigo discursos de carácter social más fuertes y propositivos, que le permitiría a los DC “guatones” sentirse más cómodos con sus nuevos socios. Esto podría verse ratificado con la creación del Ministerio Social, que implementaría políticas de corrección para una nueva fase de reestructuración del neoliberalismo. De pasada, esto entregaría a los sectores de centro de la DC, herramientas argumentativas de carácter cristiano ideológicas, para cruzar el río y pactar con la derecha.

Si esta estrategia tiene éxito, es muy posible que los sectores de la izquierda sigan teniendo importancia en la política. Es más, algunos sectores crecerían y se desarrollarían, pero no lo suficiente como para disputar y ganar el poder a esa posible alianza conservadora.

Para terminar este análisis, planteo a los lectores una pregunta histórica: ¿Qué hacer?

(*) Administrador Público, Universidad de Los Lagos, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, DII, Universidad de Chile.

La Universidad en un proceso de reconstrucción de su destino.

Recuperar el carácter republicano y democrático de la universidad pública en Chile es, desde hace años, una cuestión urgente. Para ello, es necesario poner en el centro de la discusión el cuestionamiento crítico al actual modelo de desarrollo universitario, las políticas públicas del sector, los regímenes normativos de las universidades públicas y privadas, los sistemas de financiamiento. Estas cuestiones, si bien inherentes al sistema universitario, son parte del proceso de transformación neoliberal experimentado por el Estado en las últimas décadas. Comprender estos procesos es, por tanto, condición para avanzar en la construcción de argumentos para recuperar la universidad pública.

Durante la década de los setenta se inició una nueva fase del capitalismo en el mundo. En el ámbito del Estado, se pasó de un Estado de bienestar y de derechos, a un Estado Subsidiario y de derechos de libertad y responsabilidad individual. En el ámbito económico, se cambió un modelo de sustitución de importaciones y/o industrialización, por un proyecto de liberalización de mercados, orientado a las exportaciones. En el ámbito de la educación superior, el financiamiento estatal fue reemplazado por el financiamiento personal o privado. En el ámbito de las políticas de investigación y desarrollo, el apoyo a los planes nacionales de desarrollo fue sustituido por el financiamiento de proyectos de ciencia y tecnología, según criterios de rentabilidad de mercado.

El cambio de la superestructura de los capitalismos dependientes en nuestra región fue avasallador: Chile (campo de experimentación inicial) a inicios de los ochenta; Venezuela, México y Brasil, a inicios de los noventa; Argentina a mediados de los noventa; Colombia y Perú, a fines de los noventa.

Este cambio “revolucionario” (para otros contrarrevolucionario) de la superestructura jurídica-política del Estado latinoamericano, por medio de las reformas neoliberales (1), sólo pudo implementarse por medio del aniquilamiento de los movimientos obreros y sociales, propios de nuestra región. Persecuciones, encarcelamientos, ejecuciones y desapariciones de dirigentes obreros, indígenas, estudiantiles, académicos, de los partidos y movimientos sociales opositores a estas reformas, fue una de las estrategias. Otra estrategia, quizás una de las más efectivas y que se manifestó solapadamente, fue la coaptación de los dirigentes sociales y políticos, solicitándoles de “buena manera” no oponerse a estas reformas mediante la movilización de sus sectores.

El retroceso de los sectores más concientes de la lucha de los pueblos y su emancipación, estuvo también coronado, en la década de los noventa, por la caída del modelo de organización socialista del Estado. Esta coyuntura histórica trajo como consecuencia el fortalecimiento, por parte de los neoconservadores, de las políticas orientadas a reformar el Estado, garantizando con esto la construcción del estado neoliberal. Es más, intelectuales conservadores pregonaban el fin de la historia y el último hombre. Otros, decepcionados de los meta relatos de la izquierda política, abrieron el debate post moderno, como forma de responder críticamente al fin de la historia. Sin embargo, su nihilismo semántico los llevó a convertirse en los principales socios de Fukuyama, lamentablemente desde posiciones de izquierda. De hecho, se refugiaron en las universidades, buscando un discurso critico de las grandes reformas, pero terminando en uno conciliador con las acciones neoliberales, que reconocen al individuo como el sujeto de su hacer, ángulo de coincidencia con el discurso postmoderno.

Los lideres socialdemócratas de los noventa clavaron la rueda de la fortuna en las reformas neoliberales, poniendo toda su apuesta política en ellas. Ejemplo de esto son los gobiernos de Chile y Brasil, con prominentes líderes de la centro – izquierda, que terminaron administrando las políticas asociadas al Consenso de Washington. Incluso, algunos se jactaron, en foros internacionales, de haber ido más allá de este consenso, es decir, de haberlo profundizado. Así lo dijo el Presidente Ricardo Lagos, en el discurso del X Congreso del CLAD en Santiago, mostrando a Chile como un país exitoso y ejemplo a seguir en la región.

Este cambio puede definirse como una reestructuración de la matriz social que movía las sociedades latinoamericanas. En la década de los 80, las sociedades latinoamericanas se articulaban según los principios de solidaridad e integración social o de clases. Esta matriz, que al igual que la actual se expresaba en la súper estructura jurídica, política y cultural simbólica del “Estado Burgués Latinoamericano”(2), fue reemplazada por otra donde la sociedad se ordena en función de los principios de libertad e individualismo. El diseño de políticas públicas se comenzó a orientar por estos principios. Los sistemas de educación superior y las universidades no se escaparon a la aplicación de estos principios, ya que, según el neoliberalismo, este sector constituye un mercado competitivo de producción de bienes y servicios .

Esta mirada de la universidad tiene como consecuencia sacarla del campo político institucional de contingencia, que tradicionalmente había ocupado en la fase de modernización capitalista keynesiana, llevándola a la conformación de una industria del conocimiento, que genera riqueza y beneficios privados.

En este periodo de modernización neoliberal, la universidad es reestructurada en función del mercado. Como eje motor de su rediseño, los costos de producción son más importantes que la importancia estratégica que el o los proyectos tienen para el desarrollo del país. Se aplica un enfoque de producción de conocimiento, que está vinculado a la sobreexplotación de recursos naturales, y de la mano de obra intelectual, técnica y operaria. Un ejemplo de esto son los modelos de asignación de mercado de los recursos, para el desarrollo de investigación científica, la formación de postgrado y de grado. Otro efecto, simbólicamente deseado pero no recocido, es la pauperización de la función docente y de investigador, siendo ahora una función vista desde la perspectiva de los costos y de la producción, indexada a proyectos fundamentalmente de corto plazo.

Este modelo de modernización jibariza la universidad republicana, cuya función principal era aportar las luces y lineamientos al Estado y la sociedad, para su conducción y desarrollo integral, integrando y articulando en su seno a las clases sociales que disputaban la hegemonía de la sociedad (3).

Los efectos de la “modernización” neoliberal en el sistema universitario son variados, pero nombraremos los más importantes y comunes, a saber:

• Desvinculación del quehacer de la universidad con el desarrollo país. Por lo mismo, el Estado se desvincula del desarrollo de las universidades y acota su financiamiento a principios de competitividad de mercado de recursos públicos;
• Expansión de la oferta académica de pregrado, sin relación a los requerimientos de desarrollo del país, sino más bien vinculado a la valorización de los consumidores y a los costos de producción. Esto tiene como efecto una ampliación de oferta en la ciencias sociales y humanidades, dejando de lado la oferta de carreras técnicas y científicas, estratégicas para los sistemas de producción del país;
• La oferta de postgrado es vinculada al mejoramiento de la empleabilidad de los profesionales, más que a un mejoramiento de líneas de investigación y desarrollo del país;
• Las políticas de ciencia y tecnología son reorientadas a la adopción y aplicabilidad de técnicas de producción, que profundizan la dependencia con países desarrollados;
• Vinculación de la función académica a la producción fordista del conocimiento, condicionada y evaluada por indicadores de gestión, que pauperizan la función en sí misma, dejando de lado la visión holística del académico y la académica.

Entender las características actuales del sistema universitario como resultado del proceso de transformación neoliberal del Estado, es central para la recuperación del carácter republicano y democrático, que por varias décadas caracterizó a la universidad pública en Chile.

Cullipeumo, Otoño 2010.-

(*) Administrador Público, Universidad de Los Lagos, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, DII, Universidad de Chile.

Notas:

(1) Definido como Estado Burgués sería una visión que vincula solo a la caracterización clásica de la tradición europea del Estado. Al conceptualizarlo como Estado Burgués Latinoamericano, podemos integrar un grupo de variables analíticas que permiten entender de mejor manera nuestro modelo de Estado y sus formas originarias de sometimiento y uso del poder. Un ejemplo de esto es que quizás en gran parte de Estados Latinoamericanos no existe un Burguesía dominante que se perciba como modernizadora y liberal, por el contrario tienen un carácter más conservador y menos modernizantes de sus sociedades. Véase: Larraín, Jorge (1997); “Modernidad e Identidad en América Latina”; Revista Universum; Año 12; 1997; Universidad de Talca; Talca – Chile. http://universum.utalca.cl/contenido/index-97/larrain.html .

(2) Véase: Brunner, J.J.; Elacqua, G.; Tillett, A.; Bonnefoy, J.; González, S.; Pacheco, P. y Salazar, F. (2005): “Guiar el Mercado: Informe sobre la Educación Superior en Chile”, Univ. Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile.-

(3) La articulación de clases en el sistema universitario latinoamericano se dio por medio de la creación de universidades técnicas estatales que su objetivo central eran formar obreros altamente especializados. Una gran parte de estas universidades eran o son aun herederas de las escuelas de artes y oficios.

El estilo de la derecha: privilegiando al gran empresariado e ignorando las comunidades regionales y locales

Hace unos días nos informamos por la prensa que el gobierno de la derecha, mediante una circular del Ministerio del Interior, daba a conocer la implementación del programa “Manos a la Obra”. Tres grandes y conocidas empresas del rubro del retail de la construcción fueron designadas directamente como proveedoras, para surtir de insumos a los municipios afectados por el terremoto y tsunami del pasado 27 de febrero.

La polémica se inició poniendo en duda la legitimidad de la transacción sin licitación pública. Esto se despejó a la brevedad, pues nuestro ordenamiento jurídico permite al Estado realizar contratos directos de aprovisionamiento en estado de catástrofe.

Sin embargo, que la medida sea jurídicamente válida no significa que sea adecuada en términos socio - políticos, principalmente por tres razones. Primero, la reconstrucción de las regiones afectadas no consiste sólo en levantar y reparar las casas. Consiste también en levantar las economías regionales y locales, que perdieron su dinamismo por la catástrofe. Segundo, la medida privilegia la concentración de la riqueza y del poder, e incrementa las desigualdades sociales, indicadores en los que Chile es top ten en el mundo. Quizás después del terremoto subiremos algunos puntos en el ranking mundial de desigualdad. Por último, la medida deja instalada la duda sistemática y permanente ¿las decisiones del gobierno velan por los intereses de las comunidades regionales y locales, o son la oportunidad para privilegiar a los grandes grupos empresariales?

Desde el punto de vista de las dinámicas de desarrollo regional y local, esta medida es simplemente nefasta. ¿Por qué? Primero, las economías regionales y locales no se podrán dinamizar, ya que participarán marginalmente de la asignación (de hecho, no tendrían participación alguna si no fuera por la denuncia en los medios de comunicación). Segundo, la medida privilegia los grandes contratos de abastecimiento, dejando de lado las cadenas productivas regionales y locales, que generan empleo y utilizan insumos regionales y locales. Por último, el margen de ganancia de estas transacciones por abastecimiento no vuelve a las regiones y localidades, porque se materializa en las contabilidades nacionales de estas grandes empresas.

Por tanto, por donde uno analice, este tipo de medidas traerá consigo, en el mediano plazo, mayor depresión a las economías regionales y locales. Se podrá reparar y reconstruir casas, pero no habrá recursos suficientes para la satisfacción de necesidades de vida, porque los recursos del Estado caerán en manos de quienes más tienen y no en quienes más los necesitan.

Paradójicamente, este tipo de soluciones trae consigo una cuestión que ya venimos advirtiendo: unos pocos lucrarán y se harán más ricos y poderosos con el sufrimiento y calamidad de nuestros hermanos de la región del Maule y del Bío Bío.

La pregunta que los sectores progresistas debemos responder es ¿Cuál es la alternativa frente a este tipo de formas de ejercer el poder?. Para una reconstrucción efectiva, que no sólo pase por las necesidades materiales de las personas, cuestión en si misma fundamental, debemos pensar en cómo fortalecer las redes productivas locales y regionales. Estas redes productivas siempre han existido, pero hoy es imposible percibirlas porque están impedidas de producir debido a las pérdidas patrimoniales, de capital simbólico y productivo.

Es necesario instalar formas de organización productiva que partan de principios distintos a la generación de la renta individual, que hasta el día de hoy ha sido dominante en la sociedad chilena. Debemos pensar en la organización de empresas cooperativas, en donde el Estado, por medio de los Gobiernos Regionales y Municipales, participe con capital, las comunidades locales participen con mano de obra, las universidades regionales aporten conocimiento y tecnología, y las ONG entreguen formación y aprendizajes socio - productivos.

El desarrollo de estas formas de organización económico – productivas apuntan a fortalecer los principios de la solidaridad e igualdad social entre pares. Consecuentemente, fortaleceremos una sociedad más democrática y popular, que tanta falta le hace a Chile.

Cullipeumo, abril 2010.

* Administrador Público, Universidad de Los Lagos, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, DII, Universidad de Chile.

Reconstrucción en Chile ¿Oportunidad para la Descentralización?

La reconstrucción de las regiones, comunas y localidades más afectadas por el terremoto y tsunami, será excesivamente difícil si se piensa desde el centro político-administrativo del país. De hecho, en plena crisis el Estado central colapsó y las instituciones de mando centralizado también, como lo vimos en la administración pública y, nada más y nada menos, en las fuerzas armadas y de orden. Parafraseando a Fukuyama, estamos viendo el fin de la historia del estado centralista borbónico francés, que nos dio la luz como república.

¿Será realmente el fin de su historia? Algunos hechos políticos del nuevo gobierno de derecha nos pueden ayudar a responder esta pregunta. i) El nuevo Presidente ha mostrado sus grandes dotes de gestor empresarial, centralizador de la información y las decisiones; ii) la impronta del trabajo desarrollado hasta hoy por el gabinete muestra que el Presidente lo concibe como un ejecutor de sus mandatos, no como un equipo que elabora en conjunto decisiones; iii) el nombramiento de autoridades regionales fue tardío y altamente controlado por el Presidente, sin participación de los partidos de su coalición, ni menos de actores regionales. De hecho, la UDI ya ha protestado por los medios de comunicación; iv) los requerimientos de financiamiento para la reconstrucción del país han sido elaborados por el equipo central, sin consulta a autoridades regionales (porque simplemente no estaban nombradas) ni menos comunales. Estos cuatro elementos nos permiten avizorar una repuesta: no es el fin de la historia del estado centralista sino muy por el contrario, es la reivindicación tecnocrática del neo-centralismo.

¿En qué otros hechos se expresa también la reivindicación tecnocrática del centralismo?. Veamos algunos. i) el accionar político – simbólico del Presidente es altamente concentrador del poder e imagen pública; ii) siguiendo los principios del neoliberalismo, el gobierno intentará reducir los costos de la toma de decisiones. Por tanto, las mas efectivas serán aquellas que cuesten menos por procedimiento, es decir, las que toma el ejecutivo a nivel central, debido a que los costos de transacción son menores por cada uno de los pasos que se da; iii) las comunidades locales y regionales están muy debilitadas en su rol de actores de presión. De hecho, su moral está en el suelo tanto como su infraestructura de gobierno; iv) la insistencia en la solidaridad empresarial de mercado apunta a reivindicar que la solución de los problemas está en el centro político–financiero y no en las regiones, cuestión que ha pasado desapercibida, pero que perfila simbólica y culturalmente la centralización; y v) la nula visibilidad de las organizaciones y redes sociales que, sin medios de comunicación, fortalecieron la solidaridad con sus hermanos siniestrados en los propios territorios. Estos cinco factores sólo nos llevan a una conclusión: el actual gobierno tiene un camino despejado para fortalecer el Estado Central en el proceso de reconstrucción del país.

Aunque se diga a cuatro vientos que existe la oportunidad histórica de que ahora sí descentralizaremos el país, los elementos expuestos dicen lo contrario.

Para quienes creemos en un Estado moderno y descentralizado, la pregunta que cae de cajón es ¿cómo podemos enfrentar esta ola neo–centralista? Partiendo por poner en el debate que la reconstrucción de las regiones, comunas y localidades no se reduce a un mero cómputo de más o menos recursos financieros. Es un problema más de fondo. El Estado, en su concepción militarista centralizada, no fue capaz de dar respuesta a la emergencia ¡fue un total fracaso!

Aprender de este fracaso exige avanzar a un Estado que se conforme por comunidades, regionales y locales, autónomas en sus formas de gobierno con respecto al gobierno central. Solo así se podrá enfrentar una nueva emergencia y el actual proceso de reconstrucción, ya que las comunidades contarán recursos y competencias institucionales propias, pudiendo responder con mayor velocidad a este tipo de crisis. De la misma manera, es necesaria la creación de corporaciones de desarrollo regional y local que puedan enfrentar, en forma autónoma y autogestionaria, la reconstrucción de los sistemas productivos, sociales y simbólico–culturales, con financiamiento propio a través de un fondo de desarrollo regional compensatorio entre regiones y comunas.

Esta coyuntura permitirá poner en el centro de la discusión el tipo de Estado que queremos, y avanzar en su diseño institucional. Este diseño debe tener como norte profundizar la democracia y las formas de participación socio–política de las regiones, comunas y localidades, dotándolas de altos grados de autonomía gubernativa. Es hora de pensar un Estado de abajo hacia arriba, popular y republicano de nuevo cuño.

Cullipeumo, marzo de 2010.-

* Administrador Público, Universidad de Los Lagos; Magíster en Gestión y Políticas Públicas, DII, Universidad de Chile.

Financiamiento y reconstrucción.  ¿Cuál puede ser la solución de Piñera?

El gobierno de la derecha ha realizado una propuesta de política fiscal para el financiamiento de la reconstrucción de las regiones más afectadas por el terremoto y tsunami. En trazos muy generales, los elementos más importantes de la propuesta son: i) readecuar las prioridades del gasto fiscal por medio de reasignaciones presupuestarias del presupuesto de la nación, ii) utilizar parte del ahorro que el país tiene en el exterior, y iii) contratar prestamos con entidades financieras internacionales.

Las fuentes de financiamiento (reasignaciones presupuestarias, ahorro y endeudamiento) son viables. La UDI ha respaldado la propuesta y ha convocado a los partidos de la Concertación a ponerse a la altura de las circunstancias y a apoyar las medidas definidas por el Presidente. Hasta ahora la Concertación no se ha pronunciado públicamente.

La derecha económica no se ha expresado ni a favor ni en contra, por una sola razón: la propuesta sólo dice de dónde se van obtener los recursos, pero no dice nada de cómo se implementará su uso. No saben “cómo van ahí”. La derecha económica entregará su opinión cuando sepa cómo será el negocio o la oportunidad para seguir acumulando riqueza, que esta vez surge de la catástrofe que empobreció a cientos de chilenos y chilenas.

Sobre los principios del neoliberalismo, el negocio es claro. En el caso de la vivienda social, por ejemplo, podemos suponer que su reposición va ser financiada con empréstito internacional, que será devuelto con los impuestos que pagamos todos los chilenos y chilenas. El financiamiento será canalizado vía subsidios para la construcción de las soluciones habitacionales. Quienes ejecutarán las soluciones serán las grandes constructoras, que participarán en una licitación “transparente y objetiva”, y que propondrán precios de mercado competitivo. ¿Qué significa esto? Que los precios de la vivienda social serán calculados definiendo costos directos e indirectos de producción, pero manteniendo una ganancia que va en beneficio directo de los dueños de las constructoras. Entonces, con platas de todos y con la desgracia de parte de nuestros hermanos del Bio Bio y el Maule, habrá empresarios “competitivos” que se harán más ricos. Como siempre en las políticas neoliberales, el pueblo paga los costos y los empresarios se llevan las ganancias.

A esto podemos agregar otra suspicacia que surge del modelo neoliberal. Puede que las empresas constructoras necesiten apoyo, porque la reconstrucción, como “tarea patriótica”, lo exige. No faltará quien proponga subsidiarles la mano de obra, con el argumento de generar empleo en las regiones de la catástrofe. ¿Quién se podrá oponer a esto, si es prácticamente un imperativo ético? La cuestión relevante es que ese subsidio se financiará con cualquiera de las tres medidas propuestas por el Presidente, cuya mayor parte viene de los impuestos que pagamos todos y todas. Este subsidio no se realiza para que el empresario baje el porcentaje de su ganancia, sino para que la asegure y en algunos casos la incremente. Si esta idea se propusiera, el pueblo chileno nuevamente pagaría los costos. La desgracia y el dolor de los damnificados se convertirían en la ganancia de un grupo de empresarios.

Considerando el diseño institucional fuertemente presidencialista de nuestro Estado, estas medidas hipotéticas son totalmente posibles de implementar, ya sea con los recursos del actual presupuesto, o con la promulgación de leyes que son de simple aprobación.

¿Cuál sería una alternativa a la posible propuesta de la derecha en materia de vivienda social? Una política de autoconstrucción por medio de corporaciones de vivienda regionales, que permita a que las comunidades definan sus proyectos habitacionales, con apoyo técnicos de universidades regionales y equipos profesionales contratados por ellos mismos. Las fuentes de financiamiento pueden ser las mismas, pero los rendimientos económicos de los recursos serían mayores, ya que, los recursos no estarían sometidos a generar ganancia privada. Si no más a una ganancia social que es fortalecer los lazos de la comunidad, generarse soluciones propias y empezar a desarrollar formas de autogobierno y autogestión.

Cullipeumo, marzo 2010.-

(*)Administrador Público, Universidad de Los Lagos; Magíster en Gestión y Políticas Públicas, DII, Universidad de Chile.