Por una regionalización
democrática para Chile
Pablo Monje-Reyes
Hace más de treinta y cinco años, la dictadura militar comunicó el
inicio de la “modernización” del Estado.
El gran instrumento de modernización fue la regionalización del país, La
creación de 12 regiones y una Región Metropolitana. Es un hito de importancia
para el Estado chileno, en términos políticos y administrativos, pues rompe con la tradición
de administración territorial de nivel provincial. Se instaló el concepto de región,
cuya función principal es la
administración del territorio, delegada desde el poder ejecutivo central. Este
cambio fue mediado por dos visiones.
La primera, una mirada de seguridad nacional. La regionalización es
vista como un instrumento de control político – militar de los territorios, a
través de la figura de la Intendencia. El Intendente, como representante del
poder ejecutivo en la región y como jefe de guarnición militar, tiene hasta el
día de hoy como función principal cautelar la seguridad interior de la región.
La segunda visión es la idea desarrollista del territorio. Como hipótesis de trabajo plantea que las
regiones debiesen preparar su territorio para el cambio del sistema productivo
del país, orientado hacia las exportaciones de recursos naturales de bajo valor
agregado. Se fundamenta en la teoría de las ventajas ricardianas, que plantea
que la fortaleza de un territorio está determinada por sus ventajas comparativas
(endógenas) para la producción de un bien, con respecto a otro territorio. La
idea central que domina esta visión es que las nuevas regiones pueden potenciar
estas ventajas, por medio de la inversión pública regionalizada. De esta manera,
se estimula la inserción de las “economías regionales” a la globalización
económico productiva. Esto significa poner en práctica, desde el territorio,
las políticas de orientación a las exportaciones. La inserción de Chile a la globalización del
mercado se realizó mediante políticas
aperturistas, dirigidas por el Estado
central.
35 años después, comunidades
territoriales como Magallanes, Aysén, Calama, Valdivia y Arica, se revelaron
contra este modelo de regionalización, que dejó en manos del mercado el
desarrollo de las regiones. La regionalización de la dictadura militar nunca se
propuso siquiera pensar un modelo de
desarrollo regional integral y democrático. Hoy es el momento de definir una regionalización democrática que
permita construir regiones, por medio de la participación de las comunidades
regionales en la conducción de sus gobiernos. Es insuficiente que en 24 años de gobiernos
democráticos sólo se haya logrado la elección directa de consejeros regionales,
que se elegirán en las próximas
elecciones de noviembre. Debemos avanzar hacia la constitución de
verdaderos gobiernos regionales democráticos, en donde se elija al Presidente
de la Región y al cuerpo legislativo, en forma directa e informada por la
ciudadanía regional. También es necesario
entregar autonomía y competencias al gobierno ejecutivo regional y su cuerpo
legislativo, que les permitan constituirse como un verdadero ejecutivo de
gobierno. Así podrán elaborar efectivamente políticas participativas para el
desarrollo integral de una región.
Sólo una modernización político –
administrativa profunda y sustantiva del Estado otorgará legitimidad
democrática a la conducción gubernamental de las regiones. Permitirá fortalecer
el desarrollo de las regiones, colocando en manos del pueblo la decisión sobre quienes
gobiernan la región. En síntesis, con estas modernizaciones democráticas se
terminará con la regionalización autoritaria y administrativista del territorio,
que nos legó la dictadura militar.
Cullipeumo, Invierno 2013.-
