Por una regionalización democrática para Chile

 

Pablo Monje-Reyes

Hace más de treinta y cinco años, la dictadura militar comunicó el inicio de la “modernización” del Estado.  El gran instrumento de modernización fue la regionalización del país, La creación de 12 regiones y una Región Metropolitana. Es un hito de importancia para el Estado chileno, en términos políticos  y administrativos, pues rompe con la tradición de administración territorial de nivel provincial. Se instaló el concepto de región,  cuya función principal es la administración del territorio, delegada desde el poder ejecutivo central. Este cambio fue mediado por dos visiones.

La primera, una mirada de seguridad nacional. La regionalización es vista como un instrumento de control político – militar de los territorios, a través de la figura de la Intendencia. El Intendente, como representante del poder ejecutivo en la región y como jefe de guarnición militar, tiene hasta el día de hoy como función principal cautelar la seguridad interior de la región.

La segunda visión es la idea desarrollista del territorio.  Como hipótesis de trabajo plantea que las regiones debiesen preparar su territorio para el cambio del sistema productivo del país, orientado hacia las exportaciones de recursos naturales de bajo valor agregado. Se fundamenta en la teoría de las ventajas ricardianas, que plantea que la fortaleza de un territorio está determinada por sus ventajas comparativas (endógenas) para la producción de un bien, con respecto a otro territorio. La idea central que domina esta visión es que las nuevas regiones pueden potenciar estas ventajas, por medio de la inversión pública regionalizada. De esta manera, se estimula la inserción de las “economías regionales” a la globalización económico productiva. Esto significa poner en práctica, desde el territorio, las políticas de orientación a las exportaciones.  La inserción de Chile a la globalización del mercado se realizó  mediante políticas aperturistas, dirigidas  por el Estado central.

35 años después, comunidades territoriales como Magallanes, Aysén, Calama, Valdivia y Arica, se revelaron contra este modelo de regionalización, que dejó en manos del mercado el desarrollo de las regiones. La regionalización de la dictadura militar nunca se propuso  siquiera pensar un modelo de desarrollo regional integral y democrático.  Hoy es el momento de  definir una regionalización democrática que permita construir regiones, por medio de la participación de las comunidades regionales en la conducción de sus gobiernos.  Es insuficiente que en 24 años de gobiernos democráticos sólo se haya logrado la elección directa de consejeros regionales, que se  elegirán en las próximas elecciones de  noviembre.  Debemos avanzar hacia la constitución de verdaderos gobiernos regionales democráticos, en donde se elija al Presidente de la Región y al cuerpo legislativo, en forma directa e informada por la ciudadanía regional.  También es necesario entregar autonomía y competencias al gobierno ejecutivo regional y su cuerpo legislativo, que les permitan constituirse como un verdadero ejecutivo de gobierno. Así podrán elaborar efectivamente políticas participativas para el desarrollo integral de una región.

Sólo una modernización político – administrativa profunda y sustantiva del Estado otorgará legitimidad democrática a la conducción gubernamental de las regiones. Permitirá fortalecer el desarrollo de las regiones, colocando en manos del pueblo la decisión sobre quienes gobiernan la región. En síntesis, con estas modernizaciones democráticas se terminará con la regionalización autoritaria y administrativista del territorio, que nos legó la dictadura militar.

Cullipeumo, Invierno 2013.-