Verano: Caso PENTA – UDI, política y financiamiento.

Este verano es el más caluroso que ha vivido la UDI. Su dirigencia ha sudado la gota gorda, tratando de explicar el Caso Penta. Las “explicaciones” han ido desde las bravuconadas de un senador, hasta las mentiras de una senadora. Esto habla del complicado escenario político que les ha caído encima. Un escenario lleno de complejidades para una burguesía poco acostumbrada a dar explicaciones de sus actos políticos. La pregunta es: ¿Qué hay en el trasfondo del caso Penta?.

En el trasfondo está el inicio del fin de una de las herencias de la dictadura de Pinochet, y de las obras de Jaime Guzman. La caída del brazo político civil de la dictadura y de su aparato de financiamiento. De hecho, si uno observa el holding Penta, son todas empresas creadas al calor de las modernizaciones de neoliberales de la dictadura: ISAPRE, AFP, Inmobiliaria y otras. Por tanto, el caso Penta coloca a la UDI como un partido con intereses de clase e ideológicos, vinculados a sus financistas. La deja sin capacidad de articular un discurso de sociedad y de intereses públicos. Su proyecto corporativo es desvestido, se percibe mediocre y de baja proyección ideológica. Ha quedado en evidencia que lo importante para la UDI era defender los proyectos que podían impactar el desarrollo del área económica, en que el grupo Penta podía sacar ventajas. Estas señales no son muy bienvenidas por sectores de empresariales, e inclusive por sus aliados políticos, por el daño a la imagen pública del empresario chileno.

La relación Burguesía, Capital y Política, que fue protegida por la ley de financiamiento de partidos políticos, se fue al tacho de la basura. La UDI y sus militantes financistas siempre se han sentido poderosos, y por tanto han sido soberbios. A tal punto que, los hechos lo  muestran, pasaron por sobre la ley de financiamiento que ellos habían diseñado como traje a la medida. Aún más, cruzaron la frontera y pasaron por sobre las leyes tributarias. Esto es grave. Incluso pone claramente en entredicho su compromiso de clase. Parece que la dirigencia de la UDI, como elite burguesa, es más bien torpe. Carece de destrezas políticas para mantener sus propios privilegios. Otros sectores burgueses deben estar maldiciendo a la UDI por el gran error “involuntario”, que los obliga a bajar posiciones de clase en el debate político.

La derecha se tendrá que replantear el sistema de financiamiento de la política. Deberá entregar una parte pequeña de sus privilegios. Si se profundiza la crisis de la UDI, la burguesía como clase con intereses en el sistema político, va a tener la obligación de cuestionarse sobre si la UDI, como partido, sigue siendo un instrumento efectivo para el logro de sus objetivos. De hecho, la burguesía chilena, en muchos trazos de nuestra historia republicana, ha desechado o dejado de apoyar a partidos políticos con identidad de derecha. Por tanto, es un fenómeno político totalmente plausible de ocurrir, no de forma acelerada, pero si lentamente, mientras se constituyen nuevos referentes políticos que logren captar los intereses económicos de la burguesía, en el nuevo contexto político del país. O también puede suceder, como ha ocurrido en otros países, que las organizaciones gremiales de los empresarios apuesten a integrar el sistema político, con candidatos propios de algún sector económico de alta relevancia política. Esto es menos factible en la tradición del sistema político chileno, pero es un escenario posible.

La crisis de la UDI es, en definitiva, la crisis de un modelo de financiamiento que daba ventajas económicas a un partido vinculado a un grupo económico. Esto debe terminar. La centro – izquierda tiene una gran oportunidad de poder modernizar el sistema de fin anciamiento de la política, con base en principios de igualdad y de legitima competencia. Eso significa que cualquier propuesta debe tener como principios operativos cinco elementos: límite al gasto electoral de las campañas; financiamiento público por cada voto obtenido; prohibición total de financiamiento de las empresas; solo donaciones públicas y declaradas de personas naturales, con un límite de monto y fiscalización pública por medio de juzgado de cuentas; y, por último, la transgresión al sistema de financiamiento debe significar la destitución del parlamentario.   

En síntesis, la burguesía en su conjunto sabe que, por este error “involuntario”, van a tener que allanarse a una propuesta de financiamiento de la política, que termine con la discrecionalidad de clase que actual sistema de financiamiento tiene.  Quien se podría haber imaginado que este verano de altas temperaturas iba dejar a la burguesía chilena tan sofocada. Quizás, con un principio de insolación.

Cullipeumo, Vereno, 2014.-